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OCHOPEE, FLORIDA - AUGUST 22: Miami-Dade County Mayor Daniella Levine Cava speaks to the media at the entrance to "Alligator Alcatraz" at the Dade-Collier Training and Transition Airport on August 22, 2025 in Ochopee, Florida. The mayor spoke about her support for a decision by a federal judge that ordered an indefinite halt to new construction at the immigration detention facility, and barred any new detainees from being brought to the site, siding with environmental groups who said the facility is endangering the Everglades and its wildlife. The state of Florida filed notice of appeal after the judge's ruling. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)
OCHOPEE, FLORIDA – AUGUST 22: Miami-Dade County Mayor Daniella Levine Cava speaks to the media at the entrance to “Alligator Alcatraz” at the Dade-Collier Training and Transition Airport on August 22, 2025 in Ochopee, Florida. The mayor spoke about her support for a decision by a federal judge that ordered an indefinite halt to new construction at the immigration detention facility, and barred any new detainees from being brought to the site, siding with environmental groups who said the facility is endangering the Everglades and its wildlife. The state of Florida filed notice of appeal after the judge’s ruling. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Jueves, 28 de agosto de 2025

Una jueza federal ha dictaminado que el centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alcatraz de los caimanes”, debe continuar con sus operaciones hasta su cierre total a finales de octubre de este año.

A pesar de las objeciones tanto de los funcionarios estatales de Florida como del gobierno federal, el miércoles la jueza federal de distrito Kathleen Williams denegó las solicitudes gubernamentales de suspender su orden, lo que llevó al centro a reducir drásticamente el número de detenidos.

Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, afirmó el viernes pasado que el centro “probablemente se quedará sin personas en pocos días”.

Williams emitió el fallo la semana pasada, ordenando a Florida y al gobierno federal detener la introducción de nuevos detenidos en el centro y reducir la velocidad de las operaciones en un plazo de 60 días.

El fallo de Williams fue el resultado de una demanda interpuesta por dos grupos ambientalistas locales que argumentaron que la construcción del centro violaba la ley federal debido a la falta de evaluación del impacto ambiental, como lo exige la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés).

La administración Trump refutó este argumento señalando que el centro fue construido y operado por el estado de Florida, eludiendo la necesidad de una revisión de la NEPA.

Tras conocerse la noticia, el zar fronterizo Tom Homan criticó el fallo del juez, aunque confirmó que las operaciones han comenzado a reducirse gradualmente en el centro.

“No estoy de acuerdo con el juez que tomó esa decisión”, sostuvo Homan, calificando a “Alcatraz de los caimanes” como un “excelente centro de transición”.

Homan también abordó las acusaciones de falta de limpieza y acceso a atención médica, declarando: “Fui allí. Entré en las zonas de detención. Vi unas instalaciones limpias y bien mantenidas”.

Homan señaló que el centro contaba con pistas de aterrizaje y helicópteros para trasladar a los detenidos a centros de trauma locales, en caso de ser necesario, y señaló que los detenidos tenían acceso a instalaciones médicas “mejor que para muchos ciudadanos estadounidenses”.

El zar fronterizo describió a “Alcatraz de los caimanes” como un “excelente centro de transición”, a la vez que enfatizó la necesidad de más centros de detención físicos.

“Creo que el ICE necesita más centros físicos”, declaró Homan. “Ahora tenemos el dinero para construir infraestructura… centros permanentes”.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) condenó el fallo y explicó que los detenidos que anteriormente se encontraban en “Alcatraz de los caimanes” han sido reubicados en otros centros de inmigración.

“A este juez activista no le importa la invasión de nuestro país facilitada por la administración Biden, pero al pueblo estadounidense sí. Tenemos la ley, los hechos y el sentido común de nuestro lado”, declaró un portavoz del DHS.

La administración Trump puede apelar una decisión como esta del Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Sin embargo, presentar una apelación no suspende automáticamente la orden del tribunal de distrito. La administración tendría que solicitar una suspensión al tribunal de apelaciones para suspender temporalmente el cierre mientras se considera la apelación. En este caso, el juez Williams ya ha denegado las solicitudes de suspensión de la orden a nivel de distrito, pero el tribunal de apelaciones podría revisar dicha solicitud.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

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