OAN Staff Blake Wolf
Viernes, 26 de septiembre de 2025
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha presentado demandas contra seis estados de Estados Unidos por negarse a entregar las listas estatales de registro de votantes solicitadas por la Fiscal General Pam Bondi.
Las demandas son contra los estados de California, Michigan, Minnesota, Nueva York, Nuevo Hampshire y Pensilvania.
El Departamento de Justicia presentó demandas en tribunales federales de todos los estados para obligar a los funcionarios electorales a divulgar los registros completos del registro de votantes, incluyendo nombres, números de licencia de conducir, fechas de nacimiento y números de Seguro Social parciales.
El Departamento de Justicia explicó que no proporcionar el padrón electoral al fiscal general de Estados Unidos impide a Bondi garantizar que los estados de Estados Unidos cumplan adecuadamente con los requisitos de mantenimiento de padrones establecidos por la ley federal.
“Un padrón electoral limpio es la base de unas elecciones libres y justas”, declaró Bondi. “Todo estado tiene la responsabilidad de garantizar que los registros de votantes sean precisos, accesibles y seguros. Los estados que no cumplan con esta obligación llevarán al Departamento de Justicia a los tribunales”.
La fiscal General había solicitado la información a principios de este año.
El secretario de Estado de Minnesota, Steve Simon, declaró el jueves: “Hemos sido muy claros con el Departamento de Justicia sobre nuestra postura de que las leyes estatales y federales no permiten que nuestra oficina les proporcione datos privados de votantes a menos que proporcionen información sobre cómo se utilizará y protegerá dicha información”.
La secretaria de Estado de California, Shirley Webber, también afirmó que el Departamento de Justicia “no proporcionó la autoridad legal suficiente para justificar sus exigencias intrusivas”.
Las demandas parecen surgir de sospechas de que los padrones electorales estatales incluyen a personas fallecidas —cuyas identidades podrían ser utilizadas indebidamente por familiares u otras personas para emitir su voto—, así como a personas no ciudadanas, lo que genera inquietud sobre la integridad electoral.
“Los estados están obligados a salvaguardar las elecciones estadounidenses cumpliendo con nuestras leyes electorales federales”, declaró el Fiscal General Adjunto Harmeet K. Dhillon, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. “Un padrón electoral limpio protege a los ciudadanos estadounidenses del fraude y el abuso electoral, y les devuelve la confianza en que las elecciones de sus estados se llevan a cabo de forma correcta, con integridad y conforme a la ley”.
Tras regresar a la Casa Blanca en enero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que ordena a la Comisión de Asistencia Electoral, una agencia independiente creada por el Congreso en 2002, modificar el formulario nacional de registro de votantes para exigir la presentación de pruebas documentales de ciudadanía estadounidense. Sin embargo, este mandato se encuentra actualmente bloqueado en un tribunal federal.
El Departamento de Justicia de Bondi también demandó previamente a Oregón y Maine por no proporcionar la información solicitada sobre los procedimientos de mantenimiento del padrón electoral y las copias de los padrones electorales de los estados.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
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