Fernando Padron estaba atrapado en la celda de una cárcel al sur de Texas. Acusado de robar tarjetas de crédito que utilizó para comprar pañales, una bicicleta y otros bienes para su familia, no había comparecido ante el tribunal ni había hablado con un abogado.

No supo nada de su caso durante nueve meses. Al final, en marzo de 2023, los fiscales le acusaron de un delito menor y quedó en libertad. Pero su calvario solo había empezado.

Durante los dos años siguientes, sería detenido en repetidas oportunidades en relación con el robo. En un tribunal lo presionaron para llegar a un acuerdo de culpabilidad aparentemente improcedente, y luego volvieron a acusarlo en otro. En un momento dado, estuvo seis meses en la cárcel antes de que los funcionarios implicados se dieran cuenta de que estaba allí.

Padron, de 27 años, es un ciudadano estadounidense sin antecedentes penales, y su delito fue lo suficientemente leve como para que en otras comunidades del estado no hubiera sido encarcelado. Pero estaba en el disfuncional sistema judicial del condado de Maverick, donde a menudo no se aplican los principios básicos de la justicia estadounidense.

Aquí los funcionarios reconocen abiertamente que a los acusados de delitos menores que son pobres rara vez se les proporcionan abogados. Y, de manera regular, la gente pasa meses entre rejas sin que se presenten cargos en su contra, mucho más tiempo del que permite la ley estatal. Solo el año pasado, al menos 12 personas estuvieron en la cárcel demasiado tiempo sin cargos tras ser detenidas por delitos menores no violentos, según muestran entrevistas y registros revisados por The New York Times.